En la jornada previa a la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo), directivos de medios y organizaciones de América latina, España y Portugal, participaron en un Encuentro Internacional en Santiago de Chile, en el que se suscribió la “Declaración de Santiago + 30”. El pronunciamiento aborda nuevos desafíos políticos, sociales y tecnológicos que encara el periodismo en el mundo.
Entre las entidades firmantes, se encuentran la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), así como asociaciones nacionales de medios de comunicación en nueve países de América Latina y Europa, entre ellos España, Portugal, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, Perú y Ecuador. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) también suscribió el documento.
El encuentro previo de las entidades de medios se da en la jornada previa a la conferencia global que llevará a cabo UNESCO en Santiago de Chile entre el 2 y el 4 de mayo, y fue convocado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP, de Chile), la SIP y WAN-IFRA, en la sede de la Universidad Católica de Chile. Allí, las entidades periodísticas plantearon una nueva mirada sobre la “Declaración de Santiago” publicada en 1994, en la propia capital chilena y bajo los auspicios de la UNESCO, con el propósito expreso de reafirmar el “compromiso con una prensa libre, un discurso público vibrante y el florecimiento de sociedades democráticas en Iberoamérica y el Caribe”.
Las asociaciones periodísticas realizan esta aportación al debate sobre nuestras libertades, la democracia y la sostenibilidad de la industria periodística. Así lo hizo en 2021 la “Declaración de Windhoek + 30”, un documento que también abraza los retos de la transformación digital de los medios –en ese caso, en África– y el impacto que tienen las grandes empresas de tecnología y las redes sociales en la libertad de expresión.
La “Declaración de Santiago + 30” exhorta a los Estados, organizaciones intergubernamentales, empresas de tecnología, medios de comunicación y al periodismo en general a asumir “un esfuerzo de colaboración” que consolide “la libre expresión como un derecho humano fundamental y piedra angular de las sociedades democráticas e informadas”.
Entre sus aspectos más destacados, el documento pide a los Estados evitar las narrativas de polarización política; proteger a periodistas; garantizar el libre flujo de información y el acceso a información pública; apoyar la sostenibilidad del periodismo independiente, y alentar condiciones de negociación equilibradas entre medios y plataformas digitales por la distribución de contenidos.
También solicita a organizaciones intergubernamentales impulsar políticas públicas a favor de la existencia de una prensa plural e independiente, fomentar la creación de medios en zonas rurales e incentivar campañas públicas de alfabetización mediática y digital.
A las empresas de tecnología, las exhorta a transparentar sus políticas de moderación de contenidos; combatir la desinformación; respetar las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual; explorar nuevos modelos de negocio sostenibles para las partes, que garanticen una compensación justa por los contenidos noticiosos que las plataformas distribuyen, y observar los principios de competencia en el ecosistema publicitario.
A los medios y al periodismo, se les exhorta a resistir la censura, la autocensura y la influencia indebida; sostener principios de calidad y transparencia; crear protocolos de seguridad para su personal, y reforzar sus políticas de inclusión de género, raza y diversidad. También se les sugiere abordar nuevos modelos de negocio y herramientas que los dote de mayor sostenibilidad.
Fuente: ADEPA